El lunes pasado se publicaba en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una proposición no de ley por la que solicita al Gobierno, entre otras cosas, efectuar un cambio legislativo en materia de protección de datos que afectaría, en especial, a redes sociales y aplicaciones móviles.
Según el grupo parlamentario impulsor de esta proposición, se debería dotar a la Agencia Española de Protección de Datos de nuevas facultades, personal y medios para acometer una fiscalización de las aplicaciones y redes sociales para móviles más descargadas en Google Play y en la Apple Store, publicando trimestralmente sus niveles de seguridad; así como modificar la legislación para exigir a los “desarrolladores” que no continúen utilizando datos personales de los usuarios una vez “cierren” su perfil, entre otras medidas.
Observamos la falta de rigor en la elaboración del texto: aunque se trata de una simple petición para que se legisle sobre una cuestión, adolece de graves incorrecciones, pues no es lo mismo (por ejemplo) obligar al “desarrollador" que al responsable o titular de la aplicación, como bien sabemos. Pero además, la propuesta peca de desconocimiento, reclama cuestiones que ya recoge actualmente la legislación y amenaza con imponer todavía más cargas a las empresas españolas (y a la propia Administración) con respecto a las de otros países de nuestro entorno.
Si bien todo indica que esta proposición no saldrá adelante, estaremos atentos a su evolución, como siempre lo estamos de la actividad parlamentaria relacionada con el sector.
Según el grupo parlamentario impulsor de esta proposición, se debería dotar a la Agencia Española de Protección de Datos de nuevas facultades, personal y medios para acometer una fiscalización de las aplicaciones y redes sociales para móviles más descargadas en Google Play y en la Apple Store, publicando trimestralmente sus niveles de seguridad; así como modificar la legislación para exigir a los “desarrolladores” que no continúen utilizando datos personales de los usuarios una vez “cierren” su perfil, entre otras medidas.
Observamos la falta de rigor en la elaboración del texto: aunque se trata de una simple petición para que se legisle sobre una cuestión, adolece de graves incorrecciones, pues no es lo mismo (por ejemplo) obligar al “desarrollador" que al responsable o titular de la aplicación, como bien sabemos. Pero además, la propuesta peca de desconocimiento, reclama cuestiones que ya recoge actualmente la legislación y amenaza con imponer todavía más cargas a las empresas españolas (y a la propia Administración) con respecto a las de otros países de nuestro entorno.
Si bien todo indica que esta proposición no saldrá adelante, estaremos atentos a su evolución, como siempre lo estamos de la actividad parlamentaria relacionada con el sector.
Para más información paula@iabspain.net
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